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LA POLICIA SE INTERROGA |
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La seguridad ciudadana, una materia transversal (César Pérez Toledo, El Correo, 27 noviembre 2005) |
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ATENTADO POLICÍA LOCAL BARAKALDO |
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MUCHO MÁS QUE MULTAS (El País 20/10/02) |
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RESPETO AL VOLUNTARIADO
(12/05/02)
César
Pérez Toledo |
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EL
ACTUAL MODELO POLICIAL NO ES CORRECTO
(21/04/02)
César Pérez Toledo |
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DE DESAVENENCIAS POLICIALES Y OTRAS ZARANDAJAS (EL CORREO, 2001) Patxi Garay |
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LA LIBRE DESIGNACIÓN MAL ENTENDIDA (21/11/2001)
Patxi
Garay |
200 agentes municipales de 50 localidades vascas intercambian confidencias y unifican criterios sobre la lucha cotidiana contra el 'top-manta', el botellón y el menudeo de droga en colegios, durante un congreso celebrado en Bilbao
Además
de poner multas, los policías municipales también desarrollan otras funciones,
algunas amables, como la recogida y gestión de obtejos perdidos, y otras más
delicadas: control del consumo de drogas y alcohol en la vía pública, el 'top-manta'
o las lonjas juveniles, lo que se conoce como Policía Administrativa. Unos 200
miembros de guardias urbanas de 50 municipios vascos participaron ayer en el
primer congreso dedicado al tema en España, que se celebró en el auditorio del
Museo Marítimo de Bilbao. La jornada, organizada por la Asociación de Jefes de
Policías Locales de Euskadi, sirvió a los agentes para intercambiar
experiencias, confesar secretos y unificar criterios. El alcalde, Iñaki Azkuna,
inauguró la sesión animando a las policías locales a ganarse la «credibilidad»
del ciudadano, «trabajando día a día con profesionalidad y rigor».
BOTELLÓN Y DROGA EN COLEGIOS
«Las niñas beben más»
La Policía Municipal de Vitoria identificó el año pasado a 87 menores consumiendo alcohol en la calle; 56 eran niñas y 14 de ellas tenían sólo 14 años. Además de kalimotxo, ingerían licores de mayor graduación. «Quieren colocarse rápidamente. Han quedado en una o dos horas y tienen que llegar alegres. Además, el efecto debe pasar rápido para que al llegar a casa sus padres no lo noten», apunta José Antonio Ferreiro, impulsor de la Policía de barrio y de las campañas contra el alcohol y las drogas en Vitoria.
En estos casos, identifican al menor y, al igual que la Policía Municipal de Bilbao, envían una carta a los padres para informarles y ofrecerles asesoramiento. A los bares que sirven alcohol a menores, la mayoría en el Casco Viejo, les aplican sanciones de 200 a 5.000 euros y cierres temporales más o menos largos en función de la edad de los consumidores, la reinicidencia y la graduación de la bebida. A más grados, mayor es la multa.
También han vigilado con agentes uniformados y de paisano 12 colegios, durante los recreos y a las entradas y salidas, para combatir el tráfico de drogas entre escolares. «Sólo por requerimiento del centro hemos actuado en el patio», confiesa. Entre los días 12 y 30 de septiembre de 2005 realizaron un control intensivo con 37 intervenciones. Descubrieron a 26 alumnos con hachís, seis con marihuana, cuatro con ambas sustancias y uno con cocaína, entre las once de la mañana y la una de la tarde. «A los chavales se les pone una multa de 300 euros y si la incautación se produce en horario escolar, se le conduce al centro y se mantiene una entrevista con el tutor».
LONJAS DE JÓVENES
«No puede haber 20 chavales sin baño»
Lleva 16 años como técnico de Drogodepencias en Portugalete. En 1997 se aprobó una ordenanza contra el consumo de alcohol en la vía pública. Entonces, predijo que los chavales se esconderían para beber. «El fenómeno de las lonjas» le ha dado la razón.
Han conseguido que 26 de los 63 locales registrados funcionen sin problemas gracias a una dura y larga «negociación» con los chavales, los vecinos y los propietarios... «No pueden estar 20 chavales sin cuarto de baño ni pagar dos meses de fianza para que les alquilen uno. Hay auténticos usureros que se aprovechan de los jóvenes y vecinos que quieren silencio total y eso, ni en el monte», señala.
«Lo que queríamos saber es qué pasa dentro de las lonjas con las drogas, las prácticas sexuales de riesgo, si se quedan dormidos en coma etílico...». 647 jóvenes usan estos lugares. El Consistorio llegó a cerrar 16 persianas en apenas un mes. Lo que más les sorprendió entonces fue que los afectados no protestaron, simplemente «lo asumieron y fueron a buscar otra».
«El ruido vulnera derechos básicos»
La Policía Administrativa debe intervenir cuando entran en colisión derechos. España es el segundo país más ruidoso del mundo después de Japón y a, juicio del letrado del Ayuntamiento de Basauri, esto puede «vulnerar derechos fundamentales como la dignidad o la integridad física y moral». «Cuando un vecino llama a las tres de la mañana hay que tomarle en serio. Ha habido condenas a Ayuntamientos por inactividad ante bares que inclumplen la ordenanza de ruidos».
El abogado apela a «las formas» y recomienda a los agentes levantar actas cuando acudan a una lonja por quejas vecinales, identificar a los chicos, describir el interior y, si es el caso, colocar un precinto. «Si no, la pueden alquilar otros chavales y vuelta a empezar». En los 14 locales cerrados en Basauri, no ha habido recursos ni alegaciones.
En el turno de preguntas, un interviniente apuntó que hay lonjas en polígonos industriales denunciadas por establecimientos hosteleros. También se debatió sobre cómo actuar si los chavales no abren la puerta. Los policías concluyeron que el uso de la fuerza sólo multiplicaría los problemas.
'TOP-MANTA'
«La piratería está relacionada con el crimen organizado»
La piratería empezó a convertirse en un gran negocio a partir del verano de 1999. En 2003 alcanzó en España su mayor pico con un 25% del mercado copado por copias ilegales de discos o películas. En estos años, la Sociedad General de Autores y Editores ha intentado concienciar a la sociedad y en particular, a los cuerpos policiales, de que «la piratería es un delito y que está relacionada con el crimen organizado». El Código Penal castiga el 'top-manta' con penas de seis meses a dos años de cárcel.
El jefe de la oficina de Defensa de la Propiedad Intelectual de la SGAE, Manuel de Benito, pidió a los guardias reunidos ayer en Bilbao «que se involucren algo más» y se comprometió a ofrecerles cursillos de formación para distinguir un cedé pirata de un original. En opinión de De Benito, la proliferación de manteros y mochi- leros, se debe a dos factores: la revolución de la copia tecnológica en formato digital y la «pasividad de la administración», que lo consideraba un problema menor. «Dos detenidos por el 11-M tenían antecedentes por piratería. La Audiencia Nacional ha investigado si financiaron con ello el atentado», desveló.
La «sensibilidad» policial, especialmente de los cuerpos locales, ha permitido incautar en 2005 más de cuatro millones de cedés piratas y realizar 15.000 operaciones. «En Bilbao también ha dejado de crecer espectacularmente este negocio, pero no ha descendido tanto como esperábamos», denuncia.
OBJETOS PERDIDOS
«El 'hallador' puede exigir un premio»
La Guardia Municipal de San Sebastián ha recibido un premio de calidad por su tratamiento del hallazgo de objetos perdidos. Su jefe, Mikel Gotxón Santamaría, contó que su interés comenzó hace 16 años gracias a una armónica. Un amigo encontró el instrumento y lo entregó en una comisaría con la esperanza de que si el dueño no se presentaba, se lo devolvieran. Pero el objeto desapareció. «Nunca me había sentido tan abochornado», confesó Santamaría. Al margen de anécdotas, el mando advirtió de que si los policías no cumplen el procedimiento de devolución y registro a rajatabla «pueden incurrir en responsabilidades penales, como apropiación indebida o prevaricación. Y he visto pocos sitios donde se gestione bien». Además, «la gente agradece cuando le llaman para decir que el DNI que ha perdido está allí. Es un trabajo importante para mejorar nuestra imagen».
El año pasado en San Sebastián recogieron 16.000 objetos perdidos, de los que el 62% fueron devueltos. Entre ellos, dos paraguas de media al día, 3.171 llaves y más de 22.000 euros. «Una señora entregó un bolso con 12.000 euros abandonado en un autobús. El propietario le regaló una parte del dinero y un décimo de lotería en agradecimiento». «El 'hallador' (así se conoce a quien encuentra algo) tiene derecho a exigir un premio, aunque la mayoría renuncia», desveló Santamaría.
Si no son reclamados, se devolverán a quien los depositó al cabo de dos años tras la segunda publicación, o bien serán subastados. En el caso de los documentos personales, la Policía local intentará localizar al titular por teléfono, correo, transporte urgente o a través de consulados y embajadas, si se trata de un extranjero. La ropa se dona a Cáritas, las gafas a una ONG y los teléfonos móviles se destruyen al entender que pueden contener datos del propietario.
Manuel de Benito. Sociedad General de Autores y Editores.
(El Correo, 11 de febrero de 2006)
CÉSAR PÉREZ TOLEDO/PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE JEFES DE POLICÍA LOCAL DE EUSKADI (AJEPLE-EUBE)
de un representante de la vecindad de un barrio de la metrópoli bilbaína que, si bien decía que, tras sus protestas, sí habían notado un aumento de la presencia policial (incluso con perros), esto era pan para hoy y hambre para mañana. Decía que el problema que estaban sufriendo no era coyuntural, sino estructural y que, por tanto, la solución debía ser estructural. También le preguntaba la periodista si habían pensado tomarse la justicia por su mano y, con buen criterio, respondió que en absoluto, que lo que están pidiendo va más allá, que lo que necesitan son intervenciones de otras áreas diferentes, regeneradoras del barrio, como urbanismo, cultura o acción social, decía.
Pues bien, en muchas ocasiones, en demasiadas por desgracia, los gobiernos locales utilizan a las fuerzas policiales como único recurso para apagar los fuegos que se desatan cuando la ciudadanía de una zona o de un barrio protesta por la situación de inseguridad que sufre, poniendo en entredicho la labor de su gobierno y de su policía.
Esta forma de actuar, a mi juicio, es humana pero, en muchos de los casos, no es acertada. No es lo mismo combatir un punto negro (llamémosle tumor) concreto y específico de inseguridad que, con extirparlo, se soluciona y ahí sí, la medicina es la policía y la solución, que un tumor antiguo con metástasis, el cual, por mucha policía que se aplique, no se cura.
El político gobernante tiende a utilizar el servicio policial para que tape o aleje el problema que está generando la protesta vecinal. Que apague el fuego. Pero lo que en muchas ocasiones sucede es que la policía apaga el fuego, momentáneamente, pero quedan los rescoldos y, enseguida, comienzan a avivarse, porque éstos sólo se pueden apagar con verdaderas políticas sociales que, a medio y largo plazo, prevengan la irrupción de hechos delictivos y, sobre todo, disminuyan la sensación de inseguridad de la vecindad, el miedo permanente al delito (según la encuesta que realizó el CIS, tras el Plan Belloch dirigido a incrementar la presencia policial en la calle, la inseguridad ciudadana y el miedo al delito en España no disminuyó).
Estoy hablando de planes de prevención orientados a mejorar la calidad de vida en los barrios más deteriorados, a base de políticas urbanísticas, de vivienda, de juventud, de cultura, de deporte, de equipamientos, de empleo, de inmigración, del respeto a lo diferente y de inclusión social que posibiliten una comunidad que se sienta parte de ella, participativa y cómoda en su barrio. La Policía, por supuesto, debe aportar a la seguridad, con programas específicos que transmitan a la ciudadanía tranquilidad y sensación de cercanía a la institución pero, no nos confundamos, la seguridad no es únicamente policía.
Si nos fijamos, los problemas están surgiendo en las zonas más descuidadas y degradadas de nuestra metrópoli, con infravivienda, baja renta per cápita, alto porcentaje de inmigración, equipamientos escasos... Es como la famosa 'teoría de los cristales rotos' de los sociólogos norteamericanos Wilson y Kelling, quienes en 1980 pretendieron demostrar que los delitos son el resultado del desorden, del abandono. Si la ventana de un edificio está rota y permanece sin arreglar, las personas que pasen por la calle llegarán a la conclusión de que la casa está abandonada, que nadie se ocupa de ella y que a nadie le importa el asunto. Pronto estarán rotas más ventanas y el sentimiento de anarquía se extenderá del edificio a la calle con la consigna implícita del todo vale, todo está permitido. Poco a poco, los demás edificios seguirán el mismo proceso hasta que todo el barrio se convierta en una especie de ciudad sin ley. Por tanto, cuando estas voces vecinales claman por más seguridad, no parece que deseen únicamente más policía, sino que están reclamando más atención integral.
Hace unos meses tuve la suerte de formar parte de una reunión de trabajo de profesionales de varios ámbitos, para el estudio de la puesta en marcha de un sistema de coordinación de las políticas sociales con relación a la seguridad ciudadana, aprovechando la herramienta que para temas de sostenibilidad y medio ambiente se viene utilizando en los ayuntamientos, denominada Agenda Local 21. Herramienta ésta que permite la transversalidad y la participación ciudadana en cada municipio. Me parece una excelente idea pues, por fin, se podría establecer un tratamiento preventivo a los fuegos de la inseguridad cívica.
(El Correo, domingo 27 de noviembre de 2005)
ATENTADO POLICÍA LOCAL BARAKALDO
"La Junta Directiva de
AJEPLE-EUBE (Asociación de Jefes de Policía Local de Euskadi) expresa su condena
al atentado sufrido por la Policía Local de Baracaldo en el día de ayer no
comprendiendo, de ninguna manera, qué se intenta conseguir con ataques como
éste. Así mismo, aprovechamos la ocasión para recordar a la Consejería de
Interior del Gobierno Vasco la competencia que le viene dada por ley de
coordinación de la Policías Locales del País Vasco, la necesidad de crear una
dirección de coordinación de Policías Locales, una formación homologada y
continua y, en definitiva, la definición de una política de seguridad que,
actualizando la vigente Ley de Policía del País Vasco 4/92, nos lleve de una vez
por todas a la mejora de nuestro sistema policial con la participación activa de
los Cuerpos Policiales más cercanos, esto es, las Policías Locales."
Basauri, a 6 de enero de 2004
MUCHO MÁS QUE MULTAS (El País 20/10/02)
En
varios municipios funciona con éxito la policía local que combate la
delincuencia, una figura que desea implantar el Gobierno.
El
Gobierno parece haber descubierto que el policía municipal puede ser también
un eficaz agente para luchar contra la delincuencia. Deja de ser a partir de
ahora una especie de funcionario uniformado, dedicado al tráfico o a vigilar
las ordenanzas, un privilegiado porque puede sindicarse sin problemas y además
está bien pagado. El Gobierno quiere que el policía local sea un agente de la
ley con todas sus consecuencias.
Detrás
de esta decisión hay una razón estadística muy simple: España cuenta con
cerca de 54.000 agentes municipales, una fuerza de seguridad que, en números
absolutos, supera actualmente los efectivos de la propia Policía Nacional
(47.600) y que ha crecido mientras otras han bajado en efectivos. Una fuerza de
choque para combatir el incremento de los índices de delincuencia. Pero no hay
tal descubrimiento: la figura del municipal que investiga de paisano, que
detiene al delincuente, toma huellas en el lugar del crimen, patrulla las calles
y que incluso cuenta con su propia policía científica, ya existe. Y las
experiencias son satisfactorias.
Uno
de los primeros actos de esta iniciativa gubernamental se celebró el jueves con
la firma de un acuerdo entre Interior y el Ayuntamiento de Madrid, según el
cual los policías nacionales y municipales de la capital compartirán información,
oficinas de denuncia y trabajo en la lucha contra la delincuencia. Nada nuevo si
no fuera porque en determinadas localidades la Policía Municipal tiene más
efectivos, más oficinas, más coches patrulla en las calles y mejor base de
datos que sus colegas de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. No está
muy lejos en el recuerdo la imagen de unos etarras detenidos por números de los
agentes urbanos de Barcelona.
La
Policía Municipal ha ido más lejos de sus tradicionales funciones en
localidades como Badalona, Palma de Mallorca, Vitoria, Bilbao, Fuenlabrada,
Alcobendas, San Sebastián, Valdepeñas, Marbella y Murcia, entre otras,
siguiendo los designios de alcaldes de diversas ideologías, con resultados más
que interesantes y con una larga experiencia de falta de colaboración con los
cuerpos policiales del Estado.
Badalona
puede considerarse un caso pionero. 'De hecho yo soy el jefe de policía con más
años de ejercicio en el cargo de todos los cuerpos policiales de España', dice
el ex militar Gabriel Cardona, que cumplirá 65 años en enero. 'Nosotros
hacemos atestados desde 1981 y ya montamos oficinas de atención a mujeres en
1982. Nuestro trabajo tuvo una gran incidencia, por ejemplo en fenómenos como
la lucha contra las drogas. No podíamos esperar a una policía nacional para
que se encargase del asunto cuando apareciese, si es que aparecía'.
El
caso más completo de policía local en la última década es el de Palma de
Mallorca
Badalona
cuenta con 250 policías locales, frente a cerca de 90 nacionales, 'algunos de
ellos ocupados en labores de escolta'. 'Nosotros podemos recibir 100.000
llamadas, frente a las 9.000 de la policía nacional. Nuestra voluntad es hacer
más de policía de proximidad, sin renunciar a nada, ni siquiera a tener una
pequeña policía científica', afirma Cardona.
Otra
cuestión es la colaboración con otros cuerpos. 'Nosotros tenemos el mejor
fichero de datos de Badalona y de hecho a nuestra base de datos accede con
frecuencia la policía nacional. Otra cosa es que ellos nos dejen acceder a los
suyos, pero se va logrando, más que nada por una cuestión personal. Mis
paellas y mis cafés me han costado. En Estados Unidos hay 12.000 cuerpos
policiales: si el más modesto agente local de un pueblo pide unos datos al FBI
recibe respuesta el mismo día', señala el jefe de los agentes locales en
Badalona.
'La
auténtica policía de proximidad es la municipal por muchas razones', argumenta
José Cano, jefe de la policía de Fuenlabrada. 'Los municipales son los que
mejor conocen su ciudad, porque viven allí, porque son vecinos. No están de
paso y su motivación es mayor si pueden ejercer de policía integral. Estamos
mejor preparados para darle un tratamiento integral a los problemas de violencia
doméstica porque no nos limitamos a cursar una denuncia. Todas nuestras
patrullas saben qué mujeres están en esa situación, les damos un móvil para
que nos avisen ante cualquier alarma'.
En
Fuenlabrada, que cuenta con 125 policías locales frente a 160 nacionales, hay
20 patrullas municipales por las calles, frente a cinco de la policía nacional.
Por la noche la desproporción es de cinco a uno. A los nacionales en
Fuenlabrada se les llama 'caimanes' por su elevada edad media.
Durante
la última década, el caso de la Policía Municipal más completa ha sido el de
Palma de Mallorca, que dispuso de su propia policía judicial y policía científica.
'Aquí, en 1992, nos encontramos con un grave problema de seguridad, agravado
porque la policía nacional tenía que enviar muchos agentes para atender a los
grandes fastos del 92, los Juegos de Barcelona y la Expo de Sevilla. Y decidimos
poner remedio a eso', recuerda Joan Miquel Mut, comisario jefe de la policía
local.
Todo
ello amparado en la decisión de un alcalde del PP, Joan Fageda. 'Recogíamos
denuncias, hacíamos detenciones, investigábamos delitos, tomábamos las
huellas y hacíamos todas las diligencias y pronto nos dimos cuenta de que contábamos
con una gran receptividad por parte de los jueces'. La policía local cuenta con
seis oficinas abiertas al público, una de ellas las 24 horas del día y sumó
una fuerza de aproximadamente 800 agentes. Todo ello frente a dos comisarías de
la policía nacional. En 1999, la policía local de Palma había esclarecido
3.629 delitos, su techo hasta ahora.
Los
conflictos de competencias con la policía nacional fueron numerosos, así como
las dificultades para compartir datos. 'Fue una experiencia altamente
satisfactoria', señala José Barceló, juez decano de Palma. 'Se notó una
evolución muy favorable de la seguridad. Hacían atestados muy completos,
incluso con fotografías. No quiero decir con ello que la policía nacional no
lo haga bien'.
¿Qué
ha sucedido desde el 2000 con la Policía de Palma? Las últimas elecciones las
ganó el mismo alcalde de 1992, pero el nuevo equipo de gobierno ha fijado otras
prioridades: más atención al tráfico, más policía de barrio, menos
investigación, menos policía científica.
En
España hay cerca de 54.000 policías locales frente a los 47.600 nacionales
'Hubo
reuniones entre mandos de Interior y el Ayuntamiento para hacer un nuevo reparto
de tareas', explica el juez Barceló. Es visible un cierto clima de decepción
entre la policía local de Palma por la evolución de estos dos últimos años.
Su resultado está en las estadísticas de 2001: se esclarecieron casi 1.000
delitos menos.
Un
caso peculiar es el de la policía local de las tres capitales vascas. 'Aquí se
ha ido a un modelo de policía integral por otros motivos, porque en su momento
la policía nacional o la Guardia civil poco menos que vivían acuartelados a
causa del terrorismo. Así que empezamos a hacer funciones de policía judicial
y a patrullar las calles', explica Luis Cid, jefe de la policía de Vitoria. La
llegada de la Ertzaintza no disminuyó las labores de los agentes locales.
'Compartimos información, pero ellos están ahora muy mermados por las labores
de escolta'.
Murcia
ha sido uno de los últimos municipios incorporados a esta corriente. Un
municipio del PP. Hace un año se creó un grupo especial con 40 agentes, que
llevan un uniforme diferente. 'Los datos de delincuencia han bajado cuando la
tendencia apuntaba al alza', dice el concejal de seguridad Antonio Sánchez
Carrillo. 'Lo que más nos preocupaba era que hubiera problemas de
extralimitaciones o de imagen, que pasara cualquier cosa que nos obligara a
echar marcha atrás en este proyecto. Pero todo ha ido muy bien'.
Las citadas experiencias parecen acordes en cuanto a la eficacia de una policía municipal integral, pero sus responsables también reconocen que sería necesario un marco legal más preciso que evite que la policía local no sea tan dependiente de los vaivenes de la política. 'Vivimos en el filo de la navaja', dice el jefe de policía de Valdepeñas, Cecilio Moreno. 'El marco actual es muy genérico y todo depende de lo que quiera hacer el alcalde de turno con su policía'.
DE
DESAVENENCIAS POLICIALES Y OTRAS ZARANDAJAS
Hace más de 15 años que conozco a Andrés Couceiro, Cabo de la Policía Municipal de Bilbao, excelente profesional y mejor persona, humanamente intachable. Podría contar varias anécdotas de sus actuaciones en las Fiesta Bilbaínas de los años 80 y su preocupación para que los indigentes y algún que otro visitante no muy bien visto por lo que hemos dado en llamar la “Sociedad normal”, tuviesen sus necesidades básicas cubiertas.
Conozco desde no hace menos tiempo al actual Jefe de la Ertzaintza en Bilbao, con el que además me une una gran amistad, y todo lo que he dicho para Couceiro sirve aumentado, para él.
Conozco a muchos y muy buenos profesionales de ambas policías, y me enorgullezco de ello.
Desconozco en el momento de escribir esto quiénes eran los agentes de la Ertzaintza actuantes en el triste incidente, del pasado día 5 que hicieron a Couceiro protagonista involuntario de una noticia de esa índole.
No es mi intención buscar culpables que para eso ya están los Jueces y el asunto a estas horas ya estará en sus manos.
Sólo intento reflexionar: ¿Qué es lo que falla?, cuando una, en principio, sencilla intervención policial deviene en este triste suceso.
Cuando un padre que ha tenido que convencer a su hijo durante días de la conveniencia de ingresar en prisión por orden Judicial, para no perjudicarse más así mismo y no perjudicar a su familia, en el camino a la cárcel ha tenido que enfrentarse con sus compañeros de la otra parte de la Policía Vasca a la que él también pertenece, y que además refiere que ha sido golpeado innecesariamente en el momento de la detención, que en su opinión no debiera haberse producido, ya que estaba perfectamente identificado y explicó los motivos de su presencia allí.
Por cierto a él le enseñaron en la Academia, los mismos profesores que a los actuantes, que la finalidad del trabajo policial no es otra que favorecer, dentro del marco de un servicio público, el ejercicio de las libertades individuales, en la medida en que estas no causen ningún perjuicio a las libertades de los demás.
Así mismo les explicaron, que no debieran nunca, bajo ningún concepto, caer en el equívoco de confundir la fuerza de la ley con la ley de la fuerza, como ya hace siglos distinguiera Alfonso de Castro en su tratado “ De potestate legis poenalis”.
También les enseñaron que su trabajo es particularmente difícil, porque son el símbolo de la autoridad, en una sociedad democrática que necesita cierto orden y seguridad, pero que también precisa de libertad.
Pero todo esto se va al traste, cuando hay que decidir en segundos qué hacer y cómo hacerlo, y eso exactamente es lo que pasó ese día.
Lástima no haber empleado la última herramienta que les queda a los policías en la soledad de la calle y que es ni más ni menos que el poder discrecional y que como la definía Lafave en su tratado sobre “La decisión de arrestar” (Boston 1965) “Es cualquier toma de decisión que no esté estrictamente regida por reglas legales, sino que contiene más bien un elemento significativo de juicio personal”, algo que está en la zona intermedia comprendida entre la ley y la moral.
La
eterna pregunta ¿si todos los profesionales eran buenos si todos estaban
preparados, quizá falto dialogar?.
Pues dialoguemos incluso “hasta el amanecer”, como titulaba el Lehendakari su artículo del pasado Agosto, pero cada uno en el nivel y en el Foro que nos corresponde, para que esto no vuelva a ocurrir.
LA LIBRE DESIGNACIÓN MAL ENTENDIDA
(Presidente
de la Asociación de
Bilbao, a 21 de noviembre de 2001
Cuando
se introducen nuevos aspectos en una normativa de rango legal, para su
desarrollo, se supone que se realizan para acomodar la legislación a las nuevas
formas de actuación o para mejorar y/o perfeccionar ciertos detalles.
Pero
cada cual atiende a su juego, y algunos gobernantes, creyéndose omnipotentes,
interpretan la norma a su conveniencia, sin importarles los modos, las personas
y, lo que es más grave, el verdadero sentido de la normativa, su intención y
su filosofía, rayando el delito público de la prevaricación. Cualquier
herramienta vale para conseguir el objetivo.
La
libre designación es una herramienta que existe en la administración pública
para, utilizándola con criterio, nombrar funcionarios en puestos de
responsabilidad o dirección. Ello, claro está, tras una convocatoria entre
aquellos que, previa solicitud, cumplan con los requisitos y presenten méritos
y títulos suficientes.
Pues bien, existe la creencia, entre algunos, que la libre designación es la patente de corso para quitar y poner a diestro y siniestro, “a dedo”, como si de un juego de figurillas guerreras se tratara. Saltarse escalas y categorías y los requisitos necesarios para ocupar un puesto. Un juego, quizás divertido, pero que puede resultar peligroso por sus consecuencias, ya que existe un riesgo permanente y una tentación de que el empleado público se pliegue servilmente en su contenido a los intereses partidistas. Este uso de la Administración desprofesionaliza la designación de puestos de trabajo, retrasa la regulación de la carrera profesional y mantiene una tutela política sobre la labor profesional.
Así
pues, en los Cuerpos de Policía del País Vasco está sucediendo que estamos
perdiendo las referencias, la jerarquía, la verticalidad del mando, lo que
significan las rayas de los galones y la promoción profesional regulada. Y,
mientras unos andan cuidando sus espaldas, otros hacen méritos de imagen, en
busca del favor.
Los
jefes perdemos autonomía profesional como consecuencia de la aplicación
incorrecta de la libre designación. Informar negativamente, con criterios
profesionales, una intención del superior político, podría acarrear un cese.
Imponer orden en la organización, aplicando el régimen disciplinario, como última
medida, puede crearle al jefe enemistades interesadas, que “susurren” en el
entorno del superior político y éste se haga con una opinión equivocada que
provoque el cese.
Si
alguien no pone orden, el grumete dirigirá el barco, la azafata el avión, el
celador el hospital y el alguacil la Ertzaintza.
